¿Cuáles son los factores críticos de éxito en la gestión de conflictos sociales del sector minero?
Autor: ESAN Intelligence
*Articulo elaborado con el apoyo de Johnatan Camones
Introducción y motivación
En el Perú, la minería destaca como una piedra angular de la economía (Fig 1), contribuyendo significativamente al PBI del país y ejerce su rol como eje central del crecimiento. Sin embargo, el sector minero lucha con una yuxtaposición inherente – una basta fuente de prosperidad empañado por conflictos sociales persistentes que subrayan la necesidad de estrategias de manejo de conflictos.
El terreno rico en minerales del Perú cuenta con reservas sustanciales de cobre, oro, plata, zinc, entre otros minerales, que atraen fuertes inversiones y fomentan el crecimiento económico a través de lucrativos ingresos por exportaciones (Fig 2), ingresos por recaudación tributaria (Fig 3) y una importante creación de empleos directos e indirectos.
Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos, las operaciones mineras frecuentemente se encuentran con conflictos sociales provenientes de distintas fuentes como el impacto ambiental, los derechos territoriales, la participación comunitaria y la distribución equitativa de la riqueza derivada de la minería.
Así pues, la navegación eficaz de estos conflictos sociales es imperativo para un desarrollo sostenible y requiere un compromiso proactivo con las comunidades para discernir sus quejas, una comunicación transparente, un cumplimiento firme de las regulaciones ambientales y una distribución equitativa de la riqueza. Es crucial encontrar un balance entre prosperidad económica y consideraciones sociales y medioambientales.
Un engranaje fundamental en la mediación de conflictos reside en los pasillos de las instituciones gubernamentales encargadas de fomentar relaciones armoniosas entre compañías mineras, comunidades locales y otros stakeholders con un enfoque multifacético, conciliar los intereses dispares y elaborar políticas que fomenten la inclusión. La colaboración entre empresas mineras, comunidades, la sociedad civil y los órganos de gobierno emerge como la base sobre la cual se construirá una cohabitación sostenible entre las operaciones mineras y el bienestar social.
En el panorama minero del Perú, la resolución exitosa de los conflictos sociales es la clave no sólo para la prosperidad económica sino también para una brújula moral que oriente hacia la equidad social, preservación ambiental y el respeto por los derecho de los pueblos indígenas. Es indispensable alcanzar este delicado equilibrio, trazando un rumbo hacia un desarrollo sostenible que aprecie tanto la prosperidad como el bienestar social.
Situación problemática
El costo económico de no ejecutar proyectos mineros en la última cartera de inversión minera 2023 del Ministerio de energía y minas (Minem), atribuidos a tramitología o conflictos sociales, fue de un monto de inversión global de $29 667 millones; en términos de PBI ascendieron a S/698 296 millones constantes del 2007, monto que considera tanto la inversión que no se ejecutó así como los volúmenes de producción que no se llegaron a extraer. Además, durante el 2008 y el 2022 se dejaron de recaudar S/122 689 millones en ingresos fiscales y se dejaron de generar hasta 541 000 empleos adicionales al año en la fase de producción y 125 000 empleos en la fase de inversión. (IPE, 2023)
También se estima que el crecimiento económico promedio anual del PBI durante el 2008 al 2022 pudo llegar a 4.7% en lugar del 3.9% y en términos de bienestar, se calcula que con el crecimiento adicional de la ejecución de los proyectos mineros, al 2022 se tendría 1.7 millones que habrían salido de situación de pobreza. (IPE, 2023)
Por otro lado, entre el 2021 y el primer trimestre del 2023, se registraron las paralizaciones de 11 de las principales operaciones minera en ocho regiones del país debido a la conflictividad social. Esto conlleva una subproducción minera que impacto al PBI en unos S/6 991 millones a precios de 2007, de los cuales casi un 80% se debe a una menor producción de cobre en Apurímac (Las Bambas), Cusco (Constancia y Antapaccay), Áncash (Antamina) y Moquegüa (Cuajone). (IPE, 2023)
De acuerdo a los datos recabados por la Defensoría del Pueblo, al mes de agosto de 2022 se tienen registrados 209 conflictos sociales (Gráfico 4), de los cuales 133 son conflictos por motivos socioambientales (Gráfico 5).
Los siguientes gráficos (Fig 6 y 7), presentados en porcentajes, nos ayudan a dimensionar en qué tipo de conflicto se concentran la mayor cantidad de conflictos sociales y en qué actividades.
Del total de conflictos sociales, un 64% corresponden a conflictos socioambientales (Gráfico 6) y un 67% de estos vienen a ser conflictos por actividades relacionadas con el sector minero (Gráfico 7).
En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos sociales por departamento y estado de los conflictos tenemos los siguientes datos.
Del total de conflictos socioambientales a nivel nacional (209), la mayor cantidad se encuentran en la región Loreto (28), seguidos por Cusco (18), Apurímac (17) y Áncash (15). (Gráfico 8). Siendo así, que dentro de estas mismas regiones se concentra el mayor porcentaje de conflictos activos.
Hallazgos y conclusiones
Barrantes et. al. (2020) determinaron 5 factores como los más importantes a tener en cuenta para una adecuada gestión de los conflictos sociales en el sector minero. Estos fueron obtenidos a través de la entrevista a expertos y un análisis benchmarking con compañías pertenecientes al ranking Merco de Responsabilidad de Gobierno Corporativo.
Como primer factor se estableció la Gestión Socioeconómica, este tiene las siguientes 6 variables:
- Desarrollo laboral
- Desarrollo de infraestructura pública
- Desarrollo educativo
- Distribución de los recursos
- Desarrollo cultural y social
- Desarrollo de salud
En relación a este primer factor es importante promover la sostenibilidad económica a largo plazo de la comunidad, a través, del trabajo conjunto para generar actividades empresariales no relacionadas a la minería.
La implementación de programas que disminuyan las brechas de salud y educación de la población son de vital importancia para generar nuevas oportunidades laborales y empresariales.
Por otro lado, la relación con los representantes de las comunidades es vital para las negociaciones, por lo tanto, es necesario dotarlos de conocimientos. La capacitación en gestión y liderazgo a los representantes de las comunidades por parte del estado y el sector privado desempeñan un rol clave.
Por último, la gestión de un trabajo conjunto entre la compañía minera y el estado para el desarrollo de infraestructura pública a través de obra por impuestos es una estrategia a considerar para brindar calidad de vida a la comunidad de forma eficiente.
El segundo factor se refiere a la Comunicación y participación, teniendo las siguientes 5 variables:
- Intervención oportuna
- Empatía frente a stakeholders
- Consulta previa
- Difusión de avances, cambios y riesgos
- Mesas de diálogo
En este sentido, es importante la intervención del estado en todas las etapas de la operación minera con profesionales que cuenten con el perfil adecuado y un conocimiento de la comunidad adecuado.
Además, la participación de la comunidad en las pruebas técnicas sobre el impacto de la actividad minera mantiene informados acerca de las posibles consecuencias y los esfuerzos por reducir el impacto ambiental por parte de las compañías mineras.
Por último, contratar laboratorios independientes para el desarrollo de los análisis en estado y/o defensoría del pueblo permite desarrollar confianza acerca de las acciones que desarrollan las compañías mineras.
El tercer factor tiene que ver con la Fortaleza institucional, tiene las siguientes 4 variables:
- Relaciones éticas entre stakeholders
- Sostenibilidad de normas aprobadas
- Congruencia interna organizacional
- Continuidad de equipos de gestión
Para fortalecer la imagen institucional del estado, el desarrollo de un organismo que unifique y comunique las decisiones de los ministerios relacionados a las comunidades en las áreas de influencia de las operaciones mineras sería de gran apoyo.
Por otro lado, unificar las coordinaciones y comunicaciones de la Oficina de Conflictos Sociales y la Autoridad Nacional del Agua, a través de un organismo adscrito a la PCM serviría para mantener un orden y filtro de las gestiones que se realicen. Es decir, permitiría evitar contradicciones y mejorar la confianza entre stakeholders.
Por último, implementar una escala de requisitos y sanciones sobre la acumulación de informes técnicos sustentatorios en un proyecto minero. Esto evitaría que las compañías mineras realicen cambios significativos, a través de una suma de informes técnicos sustentatorios sin tener el consentimiento de la comunidad mediante la consulta previa.
Esto evitaría la percepción de la población acerca de una colusión entre el estado y las compañías mineras, así como falta de sostenibilidad de los informes.
El cuarto factor tiene que ver con la Infraestructura, seguridad y medio ambiente y tiene las siguientes 2 variables:
- Mitigación de impacto en el ecosistema
- Inversión y mantenimiento de infraestructura
En relación a este factor se recomienda endurecer las sanciones sobre la falta de inversión y mantenimiento necesarias en la infraestructura minera que salvaguarda el bienestar de la comunidad basado en parámetros revisados por un panel de expertos en riesgos medioambientales.
En este sentido, generar los mecanismos de seguridad y educación apropiados para la prevención de accidentes en la zona de influencia permitiría garantizar la seguridad, tanto de la comunidad como de las instalaciones de la mina. Educar de forma continua a la comunidad acerca de las prácticas de seguridad sobre los riesgos a los cuales se exponen frente a la actividad minera, en sus instalaciones o corredores de transportes de mineral.
El último factor se refiere a las Propuestas relacionadas con el cumplimiento y claridad de acuerdos, el cuál tiene las siguientes 2 variables:
- Cumplimiento de acuerdos
- Claridad de acuerdos
Para contribuir con este factor se propone fortalecer y supervisar la claridad y cumplimiento de acuerdos a través de un organismo independiente a la comunidad, compañía minera y estado, a través, de que la defensoría del pueblo pueda mantener un archivo con cada acuerdo realizado entre las compañías mineras y los miembros de la comunidad, con la potestad de poder observar la falta de claridad de los mismos y ponerlo en conocimiento de las partes para su revisión.
También se propone implementar y hacer extensivos más mecanismos financieros similares a los Fondos sociales que garanticen el fiel cumplimiento de acuerdos relacionados a la gestión social y mitigación del impacto en el ecosistema a través de la creación de un fideicomiso que garantice el cumplimiento de los acuerdos a favor de la comunidad y se ajusten a las principales brechas de la zona de influencia.
En conclusión, estos son los elementos a los cuales se les debería dedicar mayor tiempo y recursos en el diseño de herramientas para una efectiva resolución de conflictos sociales relacionados a la actividad minera en el Perú. De esta forma, se espera gestionar de forma exitosa los conflictos y establecer mejores relaciones con las comunidades en el área de influencia.
Referencias
- Barrantes, L., Mendoza, K., Rivera, L., & Veliz, J. (2020). Factores Críticos de Éxito para Gestionar Conflictos Sociales en el Sector Minero.
- Instituto Peruano de Economía. (2023). ¿Qué estamos perdiendo como país?: El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería. https://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2023/09/El-impacto-economico-de-los-conflictos-sociales-y-la-tramitologia-en-la-mineria.pdf
